Manuel Rico: «Los ancianos que no fallecieron llegaron a los hospitales deshidratados, desnutridos, llagados»

—Sí, sí, claro. Ahora a lo mejor no se lleva lo de centro-izquierda, pero como persona me considero de izquierdas. Como periodista intento contar siempre la verdad, que no me puedan desmentir nada de lo que escribo. Este libro lo he hecho con este criterio periodístico. Es un ensayo, pero mi obsesión ha sido siempre eso: basarme siempre en datos, salvo en el último capítulo del libro donde propongo soluciones, y ahí ya está mi ideología.

—Usted titula Vergüenza, pero a mí en las primeras páginas me dio terror. ¿A usted le dio terror escribirlo?

—El libro tiene tres partes: la primera, qué ocurrió durante la pandemia y por qué. Toda esa parte es la más dura. No soy un periodista de testimonios, soy más de la segunda parte: de registro mercantil, Excel… Cosas más aburridas. Por eso la primera me impactó mucho: está basada en testimonios de personas que perdieron a familiares, de trabajadoras, de la gente que vive el día a día… Es muy duro. En el primer testimonio, Emilio Gómez, están todos los elementos esenciales del sector residencial: el dolor por la pérdida del familiar y cómo se produce ese fallecimiento, la queja contra la gestora de una residencia, contra el poder político… En general, toda esa parte es durísima porque estás hablando de personas que acaban de perder a sus seres queridos en unas circunstancias tremendas. La mayor parte de las entrevistas fueron de junio a septiembre, cuando estaba todo mucho más a flor de piel que ahora.

—El libro está dedicado a sus padres. ¿Están vivos?

—Sí.

—¿Tuvo miedo por sus padres?

—No hablo de ellos en el libro, pero sí. Hubo un momento en el que sí. Por mi madre tuve miedo porque está en una situación más débil, por decirlo así. Por ese concepto periodístico que aplico al libro, en ningún momento hablo de nada personal. Lo he separado por completo: como persona, eso sí, como todos los españoles que tenemos la suerte de tener a nuestros padres vivos, lo pasé mal. Sobre todo en la primera ola. Ahora están los dos vacunados y estoy más tranquilo. En eso soy igual que muchos otros ciudadanos. Mi padre vive en Vigo y no le veo desde septiembre. Tengo muchas ganas de darle un abrazo.

—Hemos hablado de Excel. ¿Cree usted que a los ciudadanos más mayores se les han quitado derechos por Excel? En el momento que pasaban de determinada edad, el algoritmo les quitaba derechos. ¿Eran ciudadanos de segunda por ser algunos dependientes?

—En Madrid y en Cataluña, sin ninguna duda. Lo creo yo y lo cree Amnistía Internacional en un informe demoledor. Se concluye que hubo violación de los derechos de los mayores. El protocolo de Madrid impidió derivar a los hospitales a los mayores que tenían un mayor grado de dependencia o deterioro cognitivo. La lectura de ese protocolo ya me parece monstruosa. Pero para entender lo que ocurrió en Madrid hay que tener en cuenta que el gobierno autonómico tenía tres alternativas. Puede haber alguien que alegue…

—Que vivíamos en un momento de guerra, si me permite que haga de abogado del diablo.

—En una situación de guerra el triaje exige que sea un triaje individual de cada persona, no por el lugar donde reside, que es lo que se decidió en ese protocolo. Si vivías en una residencia tenías muchas más papeletas para ser condenado. Aun así, vamos a aceptar ese argumento, y retomemos: en Madrid había tres alternativas. Una, medicalizar las residencias. Hay resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenando que se medicalizasen residencias. No se hizo. Dos, el hospital de IFEMA. Lo vendieron como el hospital «milagro», «prácticamente todos los días algún gobierno del mundo llamaba a Madrid para ver cómo era el IFEMA»… Bien. Se trasladaron veintitrés personas de residencias. Ninguna con síntomas graves. ¿Tú conoces algún hospital del mundo que se cree en una situación de guerra y no vayan las personas que realmente necesitan recibir ayuda hospitalaria? Yo no. En ese sentido sí que ha sido un hospital único en el mundo. Tres, los hospitales privados. Hay una comparecencia de la presidenta madrileña donde dice que todos los hospitales públicos y privados pasan a estar bajo un mando único. ¿Cuántos residentes se trasladaron a hospitales? Cero. Salvo que tuviesen un seguro privado y fuesen por la vía privada. Esta es la realidad de Madrid. El Gobierno madrileño no ha considerado necesario explicar por qué no valoró esas alternativas, al igual que no consideró reunirse con familiares de las víctimas o al igual que vetó la presencia de familiares en la Asamblea de Madrid que fuesen a dar testimonio de lo ocurrido.

Cataluña. Aprueban un protocolo en el que se recomienda no ingresar en las UCIs a los mayores de 80 años. Pero con independencia del protocolo, que en los términos es menos duro que el de Madrid, está la realidad. Lo que ocurrió es que durante las semanas críticas entre mediados de marzo y mediados de abril, el 72% de los fallecidos mayores que vivían en residencias lo hizo en la propia residencia sin recibir atención hospitalaria. Con o sin protocolo, la realidad es que fallecieron así. En Madrid, el 84%. En condiciones normales, no llega al 20% el número de fallecidos dentro de las residencias. ¿Quién muere en las residencias en situación normal? Personas en estado terminal, que no tiene ningún sentido trasladarlas al hospital porque sería un dolor innecesario y con el consentimiento expreso de su familia. En esas cuatro semanas críticas no hubo consentimiento, quizá en el uno o dos por ciento de los casos.

—Cuenta en el libro que aproximadamente un 75% de los residentes son dependientes. Esto me lleva al modelo de los geriátricos. Hubiese pasado o no hubiese pasado este horror, tengo la sensación de que vivían en la casa de paja de aquel cerdito en Los tres cerditos. Y llegó el lobo.

—Es uno de los elementos que influyó: cómo estaban las residencias el día antes de que entrase el virus. Analizo hasta cinco factores diversos que tuvieron un papel importante en la catástrofe de la primera ola. El número de fallecidos es monstruoso. Como lo es que los ancianos que no fallecieron llegaron a los hospitales deshidratados, desnutridos, llagados.

—Qué horror, Manuel.

—Está en los partes médicos… Y los que no tuvieron la enfermedad, muchas veces estuvieron semanas encerrados en sus habitaciones porque los centros no podían distinguir entre enfermos y no enfermos. El Gobierno central dictó una orden de zonificar las residencias pero en muchos casos fue imposible: no se podía separar, a veces por problemas físicos o falta de test. Retomo la pregunta de la debilidad del modelo: la Atención Primaria vivía de espaldas a los geriátricos. Esto lo llevan denunciando las familias durante años. También están las decisiones que se toman: no hay EPIs, no se zonifica… Más: las decisiones políticas, especialmente Madrid y Cataluña. Cuarto: las decisiones de las empresas. El ejemplo paradigmático es el personal. Desde hace años van al límite del personal, sobre todo las empresas en manos de grandes grupos. Tienen plantillas superajustadas que responden al perfil del paciente de hace 20 años, mucho menos dependiente. Ahora imagínate: entra el virus, y empieza a darse de baja el personal…

—En su libro salta de pronto este dato: las bajas masivas en ese momento. ¿Quién podría culparlos?

—Bueno… Todo esto tiene tantos matices. Un testimonio de Claudia, una terapeuta ocupacional de la residencia Bertrán i Oriola. En su residencia, una de las que más sufrió en Cataluña, ella dice que cuando entra el virus hay un aluvión de bajas. Ella culpa a la Administración, que los dejó abandonados, y al caos de la residencia. El centro llevaba meses en un caos organizativo y muchas personas legítimamente enfermaron: otras se dijeron «no salimos de esto». Ese es un miedo legítimo, pero ese miedo, si trabajas en una residencia que funcione de maravilla, y muchas funcionan bien, no lo tienes. Vivían en un caos, y encima lo primero que les dijeron fue que no hacía falta ponerse mascarillas porque asustaba a los abuelos… Y luego, si llegas con una plantilla superajustada y se pone de baja más del 60%… Fue el 15% o el 20% de media en las comunidades más afectadas. Entras en una situación crítica. Como tú decías de Los tres cerditos, si tienes estructuras endebles y viene cualquier soplo, se cae todo. Pues con una megacrisis como esta, se lo lleva por delante. El virus está ahí. Hay elementos que no se podía prever, pero a dónde llega, cómo llega… Con muchos políticos presumiendo de que tenemos la mejor Sanidad del mundo. Años y años de recortes nos demostraron que no lo era.

—Habla de Madrid y Cataluña. ¿Y el Gobierno central con el ministerio de Sanidad y la vicepresidencia social? ¿Qué responsabilidad tiene, o es una estructura heredada de «diecisiete reinos de taifas», usando terminología de Vox?

—Este país es maravilloso… Esto es ironía. Dependiendo del político que hables, es puro, no tiene la culpa de nada. Son los demás. Empecemos por los que dicen que las competencias de las residencias eran de Pablo Iglesias, y se basan en una rueda de prensa que dio. España es un país más serio de lo que algunos creen. Las competencias en España se cambian a través del BOE y siempre fueron de las comunidades. El protocolo de Torra o de Ayuso no es responsabilidad ni de Illa, ni de Iglesias. ¿Eso significa que el Gobierno central no tenga culpa? No, para nada: las tres más evidentes, que son todas culpas por omisión. El Gobierno central no le dio la misma prioridad a las residencias que a los hospitales: mandó material a hospitales y tendría que haber hecho lo mismo con las residencias. Otra: a día de hoy sigue sin aprobarse una investigación independiente de lo que ocurrió en la primera ola. Eso es responsabilidad del Gobierno central: Amnistía Internacional la pide. Tercera: opacidad de los datos. El Gobierno central pidió a las comunidades que facilitasen los datos y, cuando pasa la primera ola, no da los datos, con el argumento de que una comunidad autónoma no facilitó los datos y que los otros eran de mala calidad. Oiga, en un Estado serio si una comunidad no facilita datos, convocas una rueda de prensa anunciando que has dado la orden a la Abogacía del Estado para que lleve a los tribunales a la comunidad correspondiente. Y habrá datos de mala calidad, pero como sabemos leer, los das y nos explicas dónde están mal y qué se puede utilizar. La decisión de ocultar datos implica a los científicos para saber qué pasó y qué hacer. Es decir, hay argumentos suficientes para criticar al Gobierno central. No invente otros.

—El debate siempre se centra en la dicotomía gestión pública o gestión privada de las residencias. Pero usted encuentra una variable importantísima que incide directamente en la catástrofe: que las residencias estén gestionadas de forma privada por uno de los 30 grandes grupos.

—Son datos de once comunidades autónomas, incluyendo Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha, tres comunidades donde más fallecimientos se produjeron. Con estas once analizo el 75% del espectro. En España hay 5.200 residencias, muchas de ellas que son una pequeña residencia familiar y algunos grandes grupos, como el lider en el sector, DomusVi, que tiene más de 18.000 plazas y 139 residencias. Entonces me di cuenta de que había que ser más preciso en el análisis y que no valía simplemente público vs. privado, porque en lo privado estás metiendo realidades muy diferentes. Analicé los treinta grandes grupos, los que gestionan 800 o más plazas. Si sólo me basaba en privado y público, salía que en ocho comunidades había habido más muertos en lo privado, y en tres más en lo público, existiendo además diferencias muy pequeñas a veces. En cambio, cuando metes en el cóctel los grandes grupos y los separas de las pequeñas residencias, sí que fue un elemento determinante.

—¿Dijo usted «eureka», como Arquímedes?

—¿Para qué negarlo? Dije «eureka» y pensé cómo no había caído antes. Eso sí, ¿eso significa que en todas las residencias de los grandes grupos hubo un impacto negativo? No. Pero sí que hubo un elemento determinante. Lo más preocupante son los grupos que están en manos de unos fondos muy particulares, los private equity. A veces decimos «fondos buitre», por generalizar. No lo son. Fondos buitre son los que entran en las empresas o en la deuda de los Estados que están a punto de quebrar. Private equity es peor. Tienen tres características: uno, invierten en empresas que no cotizan en bolsa. Dos, cuando entran en un negocio siempre es con un plazo temporal, como máximo en cinco años quieren revender con las máximas plusvalías, con independencia del negocio. ¿Cómo hacen estas adquisiciones? Con operaciones de deuda muy potentes, en la jerga, «apalancamiento». Tiene mil ventajas para ellos y, esta es la otra característica, es fácil que se fijen en sectores que generan mucho efectivo, porque les sirve para pagar las deudas con rapidez. El sector residencial es uno de ellos: todos los meses nuestros ancianos o la Administración pagan por el servicio. Su objetivo es dar el pelotazo más grande en el menor tiempo posible. Para conseguir esto necesitan muchos clientes, en su jerga, y ahorrando hasta el último céntimo. Esto se logra reduciendo el personal y en otros elementos como la alimentación, que es una queja permanente de residentes y familiares.

—Recuerdo un reportaje tremebundo de mi querido Alberto Chicote sobre la alimentación en residencias…

—Recortar en alimentación es recortar en calidad de vida de los mayores. Esto no es un supermercado donde colocas las estanterías más juntas. La sociedad debería plantearse si este tipo de fondos pueden operar en cualquier actividad, por ejemplo con mayores o con niños. Si la respuesta es sí, que haya una inspección y unas sanciones muy serias. Eso no ocurre. Tres de los ocho grandes grupos están controlados por fondos private equity, entre ellos DomusVi.

—¿Qué nos ha pasado como sociedad para dejar en manos de fondos sin cara, un arquetipo habitual en el terror —recuerdo a Slenderman—, el cuidado de nuestros ancianos?

—Pues es el modelo en toda España. DomusVi es el único grupo que tiene residencias en las diecisiete comunidades. Nuestro sistema no es transparente: de estos fondos no sabemos quién es el inversor final. Crean estructuras fiscales complicadas, que detallo en el libro, y algunas tienen hasta diez niveles diferentes. Pasan por Luxemburgo, acaban en Jersey… No sabes quién ha puesto el dinero. En empresas que viven de dinero público debería ser inadmisible. Debemos saber quienes son los dueños. Y esto se agrava porque tenemos un sistema de inspección cero transparente: no podemos saber si a una residencia se le ha hecho una inspección y han encontrado elementos graves. Tenemos sanciones que no son públicas para «no criminalizar» a las empresas. Debería ser todo transparente, porque el eje debería ser el bienestar de los residentes. Esas personas o sus familiares tienen todo el derecho de saber para poder decidir a qué residencia va.

—Y en qué residencia morirá. Porque la muerte es otro negocio. Habla usted del grupo funerario Mémora.

—DomusVi y Mémora, los dos grupos más grandes en sus sectores, llegaron a un acuerdo en el que Mémora le paga una comisión a DomusVi por cada cliente fallecido. Es decir, funcionan como comisionistas de una empresa funeraria. Y lo más grave, sin decirlo. Mucha gente, cuando pierde a un familiar, está en una situación crítica y lo que quiere es que se lo solucionen, pero pido transparencia, porque es su derecho.

—Otra cosa sorprendente para mí es que leyendo su libro no veo mal a la Iglesia. ¿Tengo razón?

—Lo primero que sorprende es que la Iglesia es el principal operador en España: tiene alrededor de 40.000 plazas. Al contrario que DomusVi, que cuando compra una residencia le pone su marca, la Iglesia está muy descentralizada: funciona con órdenes religiosas, con asociaciones, con fundaciones… En el libro defiendo que la Iglesia tiene el mismo derecho a operar en el sector residencial que cualquier otra entidad. Lo que denuncio es culpa de la Administración: las órdenes religiosas que funcionan con el concepto del siglo XIX de caridad y beneficencia. Ocurre con tres, las más grandes de su tipo en el sector, y la principal es las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Funcionar con el concepto de beneficencia y caridad significa que cuando estalló la pandemia, las Hermanitas de los Pobres de Pamplona, o de Ronda, o de Málaga, no se quedaron sin dinero. Salían a pedir dos veces por semana y se basaban en la alimentación que donaban los supermercados, pero si no puedes salir… Esto no es culpa de las monjas. Dedican su vida a ayudar a los demás. Es problema de la Administración que lo permite: un Estado del Bienestar del XXI no puede permitir que haya una red que funcione con las ideas de caridad y beneficencia. Los mayores tienen el mismo derecho a recibir los mismos servicios que cualquier otro pero, claro, a la Administración le viene de perlas esta red. Se quitan los problemas porque ahí están las Hermanitas ocupándose.

—Usted no es bolivariano, (nos reímos) cree en la colaboración público-privada, pero ¿en qué términos?

—Me parece legítimo quien defienda que todo el sector debería ser público, porque no se puede hacer negocio con los mayores. Pero, con independencia de nuestra ideología, hay una realidad: el 90% de las residencias en España son de gestión privada. No se puede nacionalizar este sistema por motivos legales y económicos. Lo que sí creo es que el sistema le da todo el poder a las empresas, y eso hay que cambiarlo. ¿Y si una empresa quiebra y deja en la calle a ancianos? Además de la falta de control de la administración con inspecciones y sanciones. Muchas empresas lo hacen bien, pero las que lo hacen mal salen impunes. Habría que construir residencias de gestión pública. Desde los noventa casi no se construyen, incluso en comunidades como la valenciana, donde se han hecho cosas bien. Pues sólo construirán una. Eso no es cambiar el modelo. Y también todas aquellas que están privatizadas por la vía de la concesión. En España son 754. Cuando ese contrato caduque, que vayan a la gestión pública. Ahí habría un terreno para que la próxima década haya más equilibrio entre público y privado.

—20.000 muertos confirmados por coronavirus en geriátricos, que podrían llegar a los 35.000, durante la primera ola. Usted da soluciones estratégicas para que no vuelva a pasar: animo a los lectores de Zenda a que las lean en el libro. Pero ¿tenemos solución moral como sociedad? Pareciera que la decisión moral que hemos tomado es el olvido.

—Esa es la anti-solución moral. Soy realista, y es evidente que lo que ha pasado tiene sus raíces en un edadismo muy pronunciado y una inmoralidad absoluta. Tenemos que enfrentar esta realidad debatiendo y hablando, y tampoco descartar las imágenes, pero lo primero para solucionar un problema es asumir que existe. La sociedad española no considera el edadismo como uno de sus problemas, y la pandemia ha demostrado que existe. Y para certificar su existencia debemos mirarnos a nosotros mismos, y los medios debemos contarlo. Que no se asuma que como eran mayores e iban a morir «dentro de dos años», pues se adelantó un poco y no pasa nada. Pues no. Es gravísimo y cómo ocurrió es gravísimo. Que personas hayan permanecido semanas encerradas en habitaciones dobles con otro compañero o compañera es gravísimo. Hay testimonios desgarradores de los supervivientes, personas que caminaban perfectamente antes de la pandemia y ahora no caminan bien o no caminan; su salud mental se ha deteriorado… Todo eso no es normal. Y no podemos asumirlo como normal, aunque sea por egoísmo, porque muchos de nosotros terminaremos en una residencia. Aunque fuese por puro egoísmo, deberíamos hacer todo lo posible por cambiar el sistema residencial y que cuando nos toque a nosotros las condiciones sean diferentes.