Publicamos un extracto de la introducción a La patria en la cartera, libro del que es autor Joaquim Bosch, juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Moncada, quien escribe que que no se propone etiquetar culpables, sino encontrar razones.
En este libro se expondrán algunas claves históricas que explican la corrupción en nuestro país. Se mostrarán los mecanismos internos de los abusos de poder durante el franquismo. Y se analizarán las circunstancias especiales en las que tuvo que desarrollarse la Transición, en relación con los aspectos más vinculados a la continuidad de las prácticas corruptas del régimen anterior. Esas dificultades para romper con los hábitos anteriores moldearon la corrupción durante las primeras décadas de la democracia a través de su adaptación a las dinámicas de partidos del nuevo sistema pluralista.
Las leyes que desarrollaron el texto constitucional dejaron demasiados espacios abiertos para que por ahí se colaran numerosas prácticas corruptas. Obviamente, no fue por errores técnicos o por imprevisión de lo que pudiera ocurrir. En ese caso las leyes se hubieran reformado con prontitud. Al contrario, se mantuvieron las estructuras institucionales sin rectificar sus efectos más perversos, a pesar de la evidencia de los elevados niveles de corrupción.
Esas continuidades permitieron que las prácticas fraudulentas siguieran en muy buena forma durante el presente siglo al no adoptarse las medidas correctoras pertinentes. Los precedentes históricos no suponen que las carencias de desarrollo institucional no puedan enmendarse. Insistimos en que no existe un ADN inalterable que imposibilite escapar de la corrupción. Las inercias más cuestionables de las primeras décadas de la democracia pueden pasar a la historia si en el presente se impulsan los cambios pertinentes.
En consecuencia, debemos fijarnos en nuestras debilidades más significativas para regenerar nuestras instituciones. Se abordará la gran importancia de la prevención. También se reflexionará sobre la organización, el funcionamiento y la financiación de los partidos políticos. Y se intentará diseccionar algunas mecánicas institucionales poco estudiadas que favorecen la corrupción, como el despilfarro, el clientelismo y las puertas giratorias. El análisis se completará con las estrecheces de la justicia, que complican la persecución penal de los delitos, y con las anormalidades de nuestro sistema institucional, con mención específica a la separación de poderes. En cada una de estas parcelas problemáticas se incorporarán posibles medidas de reforma de nuestro entramado institucional, en la línea de las existentes en las democracias más avanzadas.
En este ensayo disertaremos sobre corrupción pública y, principalmente, sobre corrupción política. A propósito de qué debemos entender por corrupción, resulta curioso que se refiera al ámbito judicial la definición de corromper del Tesoro de la lengua castellana de Sebastián de Covarrubias, el primer diccionario publicado en este idioma en 1611. Corrupción sería así la acción de «corromper los jueces, cohecharlos».
La configuración actual de la corrupción pública presenta impedimentos casi insalvables para una definición omnicomprensiva o unívoca que abarque todos los supuestos, tal como han argumentado Ernesto Garzón Valdés, Jorge Malem, Manuel Villoria o Norberto J. de la Mata, entre otros. No parece admisible considerar corrupción solo a las conductas reguladas en las leyes penales. Quienes detentan el poder pueden no desear que se castiguen las prácticas corruptas, algo que sucede casi siempre en las dictaduras. Pero también en países democráticos las élites pueden disfrutar de fuerza suficiente para impedir que se regulen penalmente conductas de gravedad. En España no fue delito hasta los años noventa el tráfico de influencias y la financiación ilegal de los partidos políticos no se incorporó al Código Penal hasta tiempos tan recientes como 2015. Aquí utilizaremos como concepto de corrupción el de «abuso del poder público para obtener beneficios privados», en la línea de diversos organismos europeos.
Estas páginas no se han configurado formalmente como una obra de carácter académico, dirigida a una audiencia especializada y con notas a pie de página. Pretende utilizar la forma estilística del ensayo, ese género algo difuso que transita entre la literatura de ideas (en el sentido que le diera Joan Fuster) y la reflexión cívica que formula preguntas para esbozar respuestas. Se trata de reflexiones que pretenden aportar una visión transversal desde la historia, la sociología, la ética, el derecho y la política criminal. Eso no significa que no se intente partir de una consistente base académica en la que respaldar nuestras argumentaciones. Las referencias bibliográficas pueden ser útiles para quienes deseen profundizar más a partir de los textos de algunos de los expertos que se considera más solventes en cada materia.
Este libro puede parecer muy crítico con la historia contemporánea de España. Lo cierto es que pretende serlo en determinados aspectos, porque se trata de un ensayo sobre la corrupción. La mirada no puede ser amable. Esa perspectiva no supone desdeñar las indudables aportaciones positivas de nuestro país en los últimos dos siglos. El primer liberalismo español disfrutó de un merecido prestigio internacional e incluso el término liberal se trasplantó literalmente a otros idiomas. Con sus aciertos y errores, la Segunda República debe ser recordada por su profundización democrática, por sus enormes esfuerzos en materia educativa y por el avance en los derechos de las mujeres, entre otras cuestiones. Nuestra democracia actual presenta algunos problemas que serán analizados, pero también dispone de fortalezas que han sido valoradas de forma muy positiva en los indicadores internacionales. En todo caso, abordar la solidez de la corrupción como tema implica atacarla frontalmente, de la manera más crítica posible, sin pedir permiso ni perdón.
Intentamos con esta obra contribuir a un debate público informado y llevar a cabo un análisis sobre la corrupción en términos constructivos. Cualquier imputación de conductas punibles en la etapa democrática se fundamentará en los hechos declarados probados en las resoluciones judiciales. Por razones evidentes, no se dictaron apenas resoluciones judiciales sobre la corrupción de los cargos de la dictadura. No era posible que ningún juez condenara a Franco o a los dirigentes del régimen. En cambio, sí que disponemos de investigaciones que se basan en documentos no controvertidos o en otros elementos rigurosos de acreditación.
Esta indagación no se propone etiquetar culpables, sino encontrar razones. No busca lanzar reproches, sino aventurar posibles respuestas. No pretendemos disparar, sino más bien apuntar. Siempre será saludable que intentemos comprendernos mejor como sociedad, sin eludir traumas históricos de nuestro pasado ni tampoco ignorar cómo los hemos superado.
—————————
Autor: Joaquim Bosch. Título: La patria en la cartera. Editorial: Ariel. Venta: Todostuslibros y Amazon.
También te puede interesar
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: