Se supone que estudió

Desdichados los tiempos en los que frases aberrantes no se tienen por tales y caen en la indiferencia porque ya forman parte de la anómala “normalidad”. Trump dijo que, si uno es una celebridad, puede hacer lo que quiera con las mujeres –lo que quiera– y “agarrarlas por el coño” (eso es lo que significa “pussy”, o a lo sumo “conejo”, y no los eufemismos absurdos de los que se ha valido la prensa española, faltando así a la verdad). Y eso no lo descalificó para ocupar el más alto puesto de su país. Aseguró que los mexicanos, sin distinción, eran criminales y violadores, lo cual no impidió que al poco lo recibiera y le estrechara la mano el Presidente Peña Nieto, que no se vio obligado a dimitir al instante por ello. Los ejemplos abundan en todas partes, por lo que quizá no es extraño que las declaraciones de nuestro Ministro de Justicia a EL PAÍS, Rafael Catalá, el 28 de noviembre, no hayan causado estupefacción a casi nadie y que nadie –que yo sepa– haya pedido su destitución. No leo toda la prensa ni veo ni oigo las infinitas tertulias (eso sería un castigo excesivo hasta para el mayor asesino), pero leo y veo y oigo bastante, y, aparte de una impecable columna de Julio Llamazares en este diario, no he detectado la menor reacción.

Una cosa es que lo que declaró Catalá lo digan (como han hecho) tertulianos o periodistas al servicio del PP; incluso que lo digan otros miembros del Gobierno (como también han hecho). Es algo que en realidad venimos soportando desde hace años. Pero lo que es imposible es que sea el Ministro de Justicia –él no es cualquier miembro del Gobierno, no lo puede ser– y que eso no acarree consecuencias; que permanezca en su cargo como si nada; que los jueces y magistrados no se hayan negado a seguir bajo su autoridad; que a casi ningún articulista ni editorialista le haya parecido mal. Veamos. A la pregunta “La responsabilidad política por la corrupción, ¿está saldada?”, el Ministro contestó: “En nuestro sistema se salda con las elecciones. Cuando vamos a votar hacemos balance y valoramos qué nos parece la gestión de un Gobierno o las propuestas de la oposición, y en los últimos dos años y medio ha habido todo tipo de elecciones y ha habido ocasión para que los ciudadanos hayan emitido su veredicto”. Se entiende que ese veredicto ha sido, según él, de absolución del PP, o ni siquiera: los ciudadanos no han considerado, siempre según él, que al PP debiera juzgárselo por corrupción. Esto, soltado por un Ministro de Justicia –de Justicia–, es una aberración. Para él, de repente, las leyes no cuentan, no existen. Por encima de ellas está lo que podríamos llamar el “afecto popular”, que exime de responsabilidad. Siguiendo el razonamiento hasta la exageración, a los jerarcas nazis no debería ni habérseles iniciado proceso porque es innegable que contaron, durante sus años de poder, con el beneplácito y el entusiasmo de los alemanes; porque estuvieron arropados y legitimados por ese “afecto popular”. Otro tanto habría que decir de Milosevic, Karadzic y Mladic, principales carniceros de la Guerra de los Balcanes. ¿Por qué se los juzgó o juzga en La Haya, si cuando cometieron sus crímenes eran jaleados por su pueblo, y el primero ganaba elecciones sin discusión? ¿Por qué se debería haber juzgado a Franco o a Hugo Chávez, de haber sido posible, cuando las masas de sus respectivos países los adoraban, y el segundo fue votado hasta la saciedad?

¿Cómo puede un Ministro de Justicia sostener que las elecciones sustituyen a los tribunales y están por encima de la ley? ¿Para qué diablos tenemos leyes, entonces, si los políticos no están sometidos a ellas y ventilan sus delitos fuera de los juzgados, las investigaciones, los procesos y los sumarios? No es que estén aforados, que además lo están (en España hay 280.000 individuos aforados, reconoce Catalá; léanlo de nuevo: 280.000); es que, en tanto que partido, no están sujetos a la ley, sino al capricho o a la adhesión de sus votantes. Son éstos quienes los condenan o exoneran, según el Ministro. Lo más alucinante, con todo, es que éste no tiene empacho en contradecirse de manera flagrante, en la misma entrevista. Hablando ya no del PP al que sirve, sino del “problema de Cataluña”, afirma: “En un Estado de derecho quien incumple la ley debe tener la respuesta de la Justicia … Si un Presidente de la Generalitat, un consejero o una Presidenta del Parlament han incumplido una ley, deben responder ante los tribunales”. Me parece bien, pero ¿no habíamos quedado en que quien es elegido o reelegido salda su responsabilidad política? Se supone que el señor Catalá estudió Derecho para llegar a su importantísimo cargo. Uno no tiene más remedio que preguntarse cómo logró aprobar las asignaturas.

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Artículo de Javier Marías publicado en El País Semanal el 25 de diciembre de 2016.