El crimen de Malladas

Su primera declaración en el juzgado de instrucción de Nájera tuvo lugar el 22 de enero de ese año 1940, y en ella Manuel Telo declaró que, tal y como probaban los documentos remitidos desde la Comisaría de Investigación y Vigilancia de Santa Cruz de Tenerife, había pertenecido a la masonería, concretamente como integrante de la Logia de Añaza, durante un período comprendido entre 1919 y 1923, fecha esta última en que solicitó su «plancha de quite», es decir, su baja como miembro de la hermandad.

En el año 1942, el proceso contra Manuel Telo, que de algún modo había parecido estancarse, se reactivó de nuevo, y este fue llamado a declarar como sospechoso por el recién creado Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, en virtud de la Ley de 1 de marzo de 1940, que obligaba a todos los antiguos miembros de la masonería a presentar una retractación de su pertenencia a la orden. Manuel Telo no había ejecutado el trámite, bien por vergüenza o por confianza en que su estatus y sus amistades le evitarían el mal trago de vérselas ante un tribunal. No fue así.

Ya en su primera declaración de 1940, y posteriormente en sus sucesivas declaraciones a lo largo del proceso iniciado en 1942, Manuel Telo arguyó que el motivo que le había impulsado a entrar en la masonería había sido el mismo por el que había tenido que abandonar la ciudad de Cáceres en 1919, aceptando un destino como militar en Fuerteventura, siendo este motivo el tratar de conseguir la liberación de cinco campesinos a los que él, en calidad de abogado, había defendido en un proceso judicial llevado a cabo en 1918. Los campesinos fueron juzgados en la Audiencia Provincial de Cáceres por haber cometido un quíntuple homicidio en una finca de la localidad de Moraleja, y, hallados culpables del delito, condenados a cadena perpetua.

En opinión de Manuel Telo y de otros de los protagonistas de la causa, el juicio contra los cinco campesinos de Moraleja había sido una farsa, puesto que el crimen había tenido lugar en una fecha, 14 de julio de 1915, en que estos se encontraban realizando labores de siega para un vecino del municipio de Morasverdes (Salamanca), a más de cien kilómetros del lugar de los hechos, tal y como corroboraron docenas de testigos e incluso atestados de la Guardia Civil de la provincia salmantina.

Manuel Telo y otros comenzaron tras el juicio una formidable campaña mediática para la liberación de los acusados, que consistió en escribir artículos en periódicos, promover actos en la ciudad de Madrid en los que se involucraron, entre otros, el Partido Socialista o la Unión de Mujeres de España —una de las primeras asociaciones feministas de nuestro país—, y visitar a personalidades como el propio ministro de Gracia y Justicia, el conde de Romanones, o el jefe del Gobierno, Antonio Maura.

Esta campaña mediática cayó en saco roto, y los condenados por el «Crimen de Malladas», llamado así en los diarios de la época por el nombre de la finca donde ocurrieron los hechos  —que, por cierto, discurrió en paralelo al célebre Crimen de Cuenca, una minucia al lado de este, en todos los aspectos—, continuaron en prisión hasta recibir un indulto real en el año 1923. Eso sí, no fueron excarcelados hasta tres años después.

El motivo de este indulto fue la intervención personal de un pariente del monarca Alfonso XIII a petición de Manuel Telo, aunque también pudo pesar la circunstancia de que, a partir de 1922, el escritor Miguel de Unamuno aludiera públicamente a la injusticia de Malladas en diversas intervenciones.

Sea como fuere, los cinco condenados regresaron a sus hogares en 1926, donde, salvo por uno de ellos, que murió tiroteado en 1933 en un incidente de carácter incierto —al parecer, trató de matar al alcalde del pueblo y fue abatido por un policía local—, todos llevaron unas vidas más o menos anodinas, arrastrando para siempre, sin embargo, el sambenito de su condena. Y es que, pese al indulto, el crimen había generado un clima de desconfianza e inestabilidad de tal calado en el municipio de Moraleja que en él se sucedieron multitud de algaradas y hasta motines por la alcaldía. Allí nunca se tuvo claro que los condenados hubieran sido los culpables, y era vox populi que los únicos tres testigos que habían declarado contra estos lo habían hecho incentivados o coaccionados por las autoridades, situándose en el punto de mira de casi todos el abogado acusador de la causa, para más desfachatez presidente de la Diputación Provincial de Cáceres y diputado en esta por la comarca de Coria —la que pertenecía Moraleja—, además de director de uno de los principales diarios de la capital cacereña, el señor Emilio Herreros Esteban.

El fantasma de una conspiración de primer orden, que podía involucrar a personalidades políticas, oficiales de la Guardia Civil, y hasta al terrateniente propietario de la finca, don Agustín Díaz Agero, el Conde de Malladas —cuya heráldica había tomado el nombre del de la citada finca—, continuaba sobrevolando el caso. De nada sirvió que se compusiera incluso un romance de ciego aseverando la culpabilidad de los cinco acusados. Pocos habían quedado conformes con el resultado del proceso. Ni Miguel de Unamuno, que declaró que se había condenado a cinco inocentes «solamente por sostener la infalibilidad de ciertos atestados», ni por supuesto al abogado defensor, Manuel Telo, quien tuvo que partir desde Cáceres hasta Fuerteventura —precisamente Fuerteventura, donde sería poco después desterrado don Miguel— para evitar mayores encontronazos públicos con las autoridades de la ciudad. Al poco de llegar a la isla, en 1919, Manuel Telo formalizó su ingreso en la masonería, por el que sería juzgado más de veinte años después.

Las cinco víctimas del crimen fueron un hombre, dos mujeres —una de ellas embarazada—, y dos niñas pequeñas, siendo además herido de gravedad un niño de tan solo cinco años. Fueron atacados a hachazos, recibiendo algunos más de una treintena de cortes en la cabeza. El hombre, un sirviente de la finca, y la mujer embarazada lograron sobrevivir por espacio de unos pocos días. El primero, según parece, aunque no consta en ningún documento oficial —de hecho, el legajo del proceso se halla perdido, tal y como he podido comprobar tras la visita a diversos archivos—, declaró que sus agresores habían sido dos vecinos de la localidad distintos a los acusados. La mujer, que según las crónicas tenía el cerebro «hecho papilla», fue interrogada mediante gestos en su lecho de muerte tras ser reanimada artificialmente mediante una inyección, y, a decir de los testigos —algunos bastante poco imparciales—, asintió con la cabeza al escuchar el nombre de dos de los cinco sospechosos, que habían sido considerados como tales desde un primer momento merced, entre otras cosas, a la mala fama que arrastraban en la localidad, habiendo sido condenados algunos por delitos menores, como la caza furtiva.

Durante el juicio y durante la campaña mediática que siguió a este, así como en sus declaraciones judiciales, Manuel Telo —lo mismo que Unamuno y otros personajes relevantes de la época— defendió a ultranza la inocencia de los acusados, y apuntó incluso la posibilidad de que el móvil del crimen no hubiera sido el robo, como había afirmado la acusación y como quedó plasmado en la correspondiente sentencia judicial —»robo con homicidio» fue el delito por el que finalmente se les condenó—, sino que este había tenido un móvil sexual. Que las mujeres o los niños habían podido ser objeto de un intento de abuso sexual que derivara, por las circunstancias que fueran, en una orgía de sangre.

El Crimen de Malladas es uno más de los muchos capítulos oscuros de la historia criminal de nuestro país, uno de tantos de los ocurridos en nuestra España profunda, rural, la España negra. Este, sin embargo, al contrario que otros —como el citado Crimen de Cuenca—, posee la peculiaridad de haber sido totalmente silenciado. Olvidado por todos, menos por algunos descendientes de los propios implicados.

Es por ellos, por los herederos de los condenados, y también por los herederos de las víctimas, y por la memoria de todos, víctimas y presuntos verdugos, por los que redacto el presente artículo. Llevo muchos meses trabajando por sacar adelante un libro que cuente toda la verdad sobre este caso, o al menos toda la verdad de la que haya quedado constancia documental. Sin embargo, y a pesar de lo avanzado de la investigación —y de que ya tengo material más que de sobra para escribir mi obra, cuyo primer borrador, de hecho, ya está terminado—, me hallo en un estado de incertidumbre o parálisis. Y es que el pueblo donde sucedió el crimen, Moraleja (Cáceres), es el mío propio, y no quisiera que mi labor se quedara a medias. Aún quedan muchos puntos oscuros por dilucidar, y creo haber llamado a todos los teléfonos y todas las puertas a mi alcance. Es por eso por lo que me he decidido a escribir estas líneas: para que sirvan de llamada de atención sobre el caso, para que cualquier administración o particular que crea disponer de información sobre el mismo la haga pública por los medios que considere convenientes.

Han pasado más de cien años desde que tuvo lugar este crimen. Creo que va siendo hora de traer algo de luz a la oscuridad y despejar algunas incógnitas.