Injusticia, de Federico Delgado (el honesto Fiscal Federal de la Nación)

“Ser fiscal significa representar a la sociedad frente a los jueces. Es un gran trabajo, pero complejo, porque soy abogado de los ciudadanos en el fuero Penal Federal, el que investiga los delitos más graves, los cometidos por las mafias, como el narcotráfico y la trata de personas, y los vinculados con el manejo del Estado y el dinero público, que incluyen los casos de corrupción de los funcionarios nacionales”. Delgado es un “fiscal molesto”, quizá por eso alguna vez un vehículo lo hizo volar con bicicleta y todo, transporte en el que llega a trabajar cada mañana vestido en camiseta y jeans, vestimenta que desentona con el resto de los seres moldeados en serie que habitan esos paradójicos pasillos. El fiscal se abocaba en ese entonces al caso Odebrecht. “Soy molesto, pero no por una cuestión personal, sino por una tara que adquirí de Maquiavelo y de la corriente que en la politología se llama republicanismo y que sostiene que es bueno para todos que el poder esté multiplicado en muchos actores por dos razones básicas: para que no se concentre en un individuo o un grupo de individuos y para que, si nadie tiene chance de imponerse a los demás, no quede más alternativa que hablar y ponerse de acuerdo en busca del bien común. Por eso soy molesto… Los empleados de los juzgados me cuentan que, cuando reciben un pedido mío, algunos jueces ordenan “¡Deléguenle todo!” La “delegación castigo” consiste en llenar de trabajo a la fiscalía para que el fiscal deje de molestar”.

Describe lo que vive a diario en un lugar que debiera ser el Palacio de la Justicia, de la ética y la moral: “… enfrentar a jueces que se enojaron porque no les avisé que iba a pedir el procesamiento de un “pez gordo”, otros que se sacan de encima las causas incómodas, ególatras que disfrutan de la atención que les dan los medios y el gobierno de turno, jefes que no sólo no apoyan el trabajo hecho con mucho esfuerzo sino que lo castigan, superiores que trataron de torcer mi voluntad usando hábilmente las palabras para no cometer un delito, sumarios administrativos que presentaron en mi contra por situaciones similares a las de otros fiscales a los que no se los persigue y causas penales infundadas que progresaron a pesar de lo que dice la ley”. “Salvo la voluntad personal de no ceder ante las presiones, no hay mecanismos institucionales para enfrentar esos problemas, porque la cuestión no son las personas, sino que exista una estructura pensada para que la justicia no haga justicia. En los casos que involucraron a grandes empresarios, funcionarios y jefes de gobierno, el sistema judicial se puso en marcha para aplicar la ley de tal modo que no se cumplió el mandato de hacer justicia que juramos respetar en la Constitución Nacional”.

“El expediente por coimas en el Senado llegó a juicio oral, pero quedó impune. El Megacanje de De la Rúa y Domingo Cavallo también llegó a juicio, pero no hubo sanciones porque los banqueros que se habían beneficiado en perjuicio del Estado fueron sobreseídos por la Cámara Federal. Investigué a Cristina (Kirchner) por un conflicto de intereses entre el Estado y una empresa de su familia, y a pesar de las pruebas el expediente fue archivado en 2010. Algo similar me pasó con Macri y el escándalo de los Papeles de Panamá, ya que en plena investigación la causa fue derivada a otro fuero, el Penal Económico. Como fiscal fui y soy testigo del fracaso de la ley como medio para conseguir soluciones justas, porque nuestra justicia muchas veces trabaja para darles impunidad a los poderosos”.

Describe de manera general, desde su interior, qué es el sistema judicial y cómo funciona: “… carencia de recursos que impiden seguir a una banda de secuestradores por falta de combustible”. Nos cuenta con lujo de detalle como fue que el secuestro del padre de Carlos Tévez, el famoso futbolista, tuvo final feliz de casualidad: “… los despachos de los jueces convertidos en ferias clandestinas de ropa y la tecnología que impide cruzar datos de los registros del propio Estado”. Esto último alude, entre otras cosas, a que en medio de un operativo los viejos teléfonos se quedan sin batería, o los empleados como Delgado, que se apasionan por llegar a la verdad, deben pagar su propio internet para poder trabajar como dios manda.

Cuenta también que cuando el caso se vuelve mediático, la justicia se distorsiona. “Algunas marcas de esas épocas no las pude ocultar: el pelo se me llenó de canas y mi piel se arrugó más rápido de lo que yo esperaba a esa edad… Mientras los medios siguieron de cerca esos casos, las causas progresaron. Cuando la luz de los medios masivos se apagó o iluminó otras causas, aquellas entraron primero en una meseta y después en una cuesta abajo hacia el archivo. Si el periodista critica lo que pasa en una causa, puede perder esa fuente que tiene en la justicia. Y cuando eso pasa, el cronista queda en desventaja frente a la competencia. El resultado es una suerte de autocensura: el periodista se guarda información que podría perjudicar a su fuente y eso afecta la calidad de su trabajo”.

Revela cómo algunos usan el poder que tienen para “vender” sus servicios: “Pablo Jacoby, un abogado brillante y discreto, me contó hace algunos años la complejidad de la competencia entre abogados, porque para conseguir clientes algunos ofrecían un servicio extra a su tarea técnica: el soborno a jueces y fiscales. En los tribunales hay jueces que definen los casos con la balanza inclinada y que usan la ley como un arma. Es lo que hizo Oyarbide durante el tiempo en que fue magistrado, entre 1995 y 2016. La ley era un arma que él ofrecía a terceros para resolver un conflicto como si fuera un juez. Es decir, trabajaba “como si” fuera un juez”. Ciertos órganos del Estado venden un servicio de protección contra los efectos de las leyes… En noviembre de 2011 le envié a la Procuradora General Gils Carbó un relevamiento sobre las 53 comisarías que había entonces en la Ciudad de Buenos Aires. Me interesaba analizar la productividad de las fuerzas policiales para mejorar la eficacia de la justicia… Los resultados revelaban, precisamente, que la policía era ineficaz e invitaba a profundizar en los motivos, porque se podía inferir que la fuerza había incorporado el servicio de no aplicar la ley. Lamentablemente no pude avanzar con esa investigación porque al Poder Ejecutivo le molestó la iniciativa. De hecho el Secretario de Seguridad Sergio Berni me denunció penalmente por abuso de poder”. (Berni es el actual ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires).

Hace pocas semanas la expresidenta Cristina Kirchner fue condenada por defraudar al Estado. Lo que pasó fue desopilante: Cristina, abogada exitosa, defendiéndose por Youtube, acusando a los fiscales de esto y aquello, sus seguidores desafiando a la justicia, amenazando con que si el fallo era la condena “paraban el país”, el mismo presidente por Twitter desautorizando las decisiones de los jueces… En fin, un variopinto de cuestiones que ponen en riesgo la institucionalidad del país.

“Elisa Carrió había denunciado a Néstor Kirchner y a Julio de De Vido por el delito de asociación ilícita ante el juez Julián Ercolini en noviembre de 2008. La diputada sostenía que el expresidente y su ministro de Obras Públicas digitaban las licitaciones para darles los contratos a empresas amigas y a testaferros. Ercolini procesó a Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López y el empresario Lázaro Báez… pero recién lo hizo en noviembre de 2016. Sin juzgar la resolución, lo que se ve es la debilidad de la administración de Justicia. Que los juicios avancen cuando los funcionarios pierden su poder y están en la oposición demuestra la forma arbitraria en que se manejan los tiempos de los procesos”.

Entonces, la justicia es injusta, lo es sobre todo para los que menos tienen, para los comunes ciudadanos de a pie, pero vale apuntar el ojo hacia algo que hoy llama la atención: está siendo condenada una funcionaria en funciones, valga la redundancia, algo tristemente extraordinario. ¿Por qué no pasa si es lo que debería suceder?  Afirma el autor que “el proceso judicial existe sólo en el plano formal porque en el plano real los jugadores no persiguen justicia, sino fines específicos. La justicia ratifica violaciones a derechos, no protege el espacio público, no sanciona a todos los delincuentes. Es decir, la justicia no cumple su función”. Hace hincapié, y esto continúa en su siguiente libro, República de la impunidad, que ahora estoy empezando, en que la sociedad no se involucra, normalizamos la ilegalidad, lo injusto, y ese es uno de los grandes problemas.

Delgado habla con una templanza que conmueve, a pesar de lo que pasa día a día, su palabra, su forma enseña, es un ejemplo, un estoico coherente entre tanta mediocridad e ignorancia. Tanto conmueve que terminé su libro y me puse a estudiar Derecho, que el hombre necesita ayuda, nuestra justicia la necesita. (Gracias, Federico).