La celebración de la trigésimo octava edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que abrirá sus puertas el próximo 30 de noviembre, es una excelente oportunidad de concordia en un momento en el que hace tanta falta concederle a la cultura un mínimo de atención y otorgarle un papel preponderante en vista de los muchos desprecios, desplantes e incluso ataques que ha recibido en los últimos años por parte de la instancia que más debería preocuparse por protegerla: el Estado. No creo equivocarme si digo que la cultura es uno de los pilares básicos de toda sociedad que se precie de civilizada y, dentro de ese concepto, los libros juegan sin duda un papel fundamental como herramienta de conocimiento, crítica y disfrute. Así que un gesto por parte del nuevo Gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, atendiendo en su agenda a uno de los eventos culturales más importantes de México, la cita editorial más importante del mundo solo después de la Feria del Libro de Frankfurt, demostraría que la presidenta no solo es benevolente y generosa, sino que quiere gobernar con altura de miras, como una auténtica estadista que reconoce y aprecia el trabajo de un sector social que merece respeto y consideración por sus indudables aportaciones a la sociedad. Además, sería una ocasión para limar asperezas con España, invitada de honor de la FIL, un país hermano que habla nuestro mismo idioma, aliado invaluable en un contexto internacional tan turbio como el actual, sin tener por qué renunciar a sus reivindicaciones, estemos o no de acuerdo con ellas, y refrendar la hospitalidad de los mexicanos a su nutrida y distinguida delegación, así como a los más de 850 escritores de 43 países que asistirán al encuentro, entre los que figuran premios Nobel como Abdulrazak Gurnah; premios Cervantes como Sergio Ramírez o Luis Mateo Díez; narradores como László Krasznahorkai, Mia Couto, Cristina Rivera Garza, Marta Sanz o Javier Cercas, y poetas como Nouri Al-Jarrah, Luis García Montero o Gioconda Belli, entre un larguísimo etcétera que espera congregar a más de 800 mil asistentes en las más de 3 mil actividades literarias, académicas, artísticas, profesionales, juveniles e infantiles organizadas este año. Las puertas de la FIL, estoy seguro, están más que abiertas.
DESAPARICIÓN DE LA TRANSPARENCIA
La casi inminente extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México es una muy mala noticia para investigadores, periodistas, escritores y todos aquellos que, desde su creación en 2016, han utilizado esta plataforma como principal herramienta para acceder a información de carácter público, y que ha permitido, entre otras cosas, conocer el expediente de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas; instruir a la Fiscalía General de la República a revelar la investigación sobre siete fosas clandestinas encontradas en 2010, donde fueron hallados restos de 196 personas; destapar cloacas como la que dio lugar a la investigación periodística conocida como La Estafa Maestra, la cual sacó a la luz el desvío de 7 mil 600 millones de pesos (unos 330 millones de euros) a través de una triangulación de recursos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, o el desvío millonario de recursos en Seguridad Alimentaria Mexicana, el caso de corrupción más escandaloso del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La propuesta de su desaparición, impulsada por Morena, el partido gobernante, y que será votada en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, deja un vacío jurídico en algunos asuntos, como quién operará la web que compila cerca de 15 mil millones de datos, unos 2 mil 500 del Gobierno federal y unos 12 mil 500 de los Estados, así como cientos de miles de contratos y solicitudes de información con sus respectivas respuestas, que tienen hoy un futuro incierto. Cabe señalar que en esta plataforma se podía solicitar cualquier información a las dependencias públicas, que estaban obligadas, salvo excepciones, a brindar los datos. Si la dependencia no respondía, los usuarios podían presentar quejas, que eran atendidas por los comisionados del instituto, los encargados de resolver cuándo los Gobiernos estaban forzados a dar lo que se les había pedido. El sitio contaba, además, con un buscador para conocer los sueldos de funcionarios públicos, el directorio, los presupuestos o los contratos otorgados. De modo que a partir de su extinción, las funciones del INAI, de custodia del derecho de acceso a la información, la política de transparencia y la protección de datos personales, serán asumidas por la Secretaría de la Función Pública, ahora bautizada como Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y los órganos de control y disciplina del Poder Judicial y las contralorías del Congreso y de los Estados, lo que implicará que las solicitudes se deberán cursar a cada una de esas dependencias, y ya no estarán concentradas en un solo sitio. Un enredo burocrático que, además de estar en manos de los funcionarios de turno y dejar de ser independiente, podrá correr un tupido velo cuando se busque transparencia. Un lamentable despropósito.
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