La guerra de los libros de texto en México

Está claro que todo Gobierno tiene sus inclinaciones ideológicas y las hace valer en el ejercicio de sus funciones, de modo que toma decisiones teniendo en cuenta sus principios y trata de que bajo su tutela se creen o modifiquen leyes, reformas y normas, influyendo de este modo en el devenir de un país y el conjunto de su sociedad. El problema llega casi siempre cuando ese ejercicio gubernamental, legitimado por la democracia que le ha llevado al poder, altera de tal forma el devenir social que su impacto en determinados sectores afecta sobremanera su funcionamiento, sus intereses y su desarrollo. Es entonces cuando debe imponerse la política, porque precisamente esa democracia que ha legitimado la estancia en funciones de gobierno de aquéllos que lo encabezan, muestra claramente que existe una pluralidad de maneras de entender el mundo y la vida en sociedad. De otra forma estaríamos hablando simple y llanamente de una dictadura, donde hay solo una ideología y todos deben remar en una única y misma dirección, so riesgo de represión. Entonces el ejercicio de gobierno se transforma en ejercicio de autoridad. Esta reflexión viene a cuento porque en México hay varios y muy delicados asuntos en los que se ha cruzado la línea que separa el ejercicio de gobierno del ejercicio de autoridad. Es el caso de los libros de texto que cada año edita y distribuye la Secretaría de Educación Pública a los niños y adolescentes que cursan estudios de Primaria y Secundaria, y que representan, qué duda cabe, el futuro del país. Teniendo en cuenta la importancia y responsabilidad que conlleva la educación de los menores, la mejor y más transparente decisión que puede tomarse para ello pasaría por tener en cuenta en la elaboración de dichos libros de texto, no solo y desde luego el respaldo de los mejores especialistas en cada materia, sino también el consenso del mayor número posible de representantes de la sociedad, para que sus contenidos abarquen unos conocimientos y saberes que permitan a los niños abrirse paso en la comprensión de un mundo sin duda complejo desde un punto de vista crítico, lo que debería traducirse en unos materiales pedagógicos rigurosos, donde los temas más polémicos, como ocurre en las materias de ciencias sociales, por ejemplo, reflejen en la medida de lo posible los diversos puntos de vista que predominan en nuestras sociedades para tratar de comprenderlos, y no se queden en la pobreza intelectual de inculcar un pensamiento único, pues de ser así el acto pedagógico deja de ser educativo para convertirse en puro adoctrinamiento. La educación pasa a ser religión. Y esa no es, creo yo, la función de la escuela pública mexicana, ahora llamada de forma un tanto rimbombante Nueva Escuela Mexicana por quienes ejercen las funciones de gobierno. Porque la escuela es la escuela sin más adjetivos, el lugar de privilegio donde los individuos se forman para ser ciudadanos, primero de un país y después de un mundo que los necesita a todos en esta época de conexiones globales en prácticamente todos los órdenes de la vida. Pero el actual gobierno mexicano, en su férrea voluntad de imponer sus criterios a base de medias verdades y alocuciones populistas, de invocaciones al pueblo bueno y estupideces por el estilo, se olvida de que los cien millones de ejemplares que se han impreso y que diversos sectores de la sociedad han criticado e impugnado por considerar que son de mala calidad (Irma Villalpando, doctora en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que los textos cuentan con contenidos muy pobres en relación con materias como matemáticas, errores en los conceptos, saltos en los contenidos, desorden de los materiales y la exclusión de la literatura universal), no son solo para los hijos de sus votantes, ni para los hijos de sus archienemigos, ni para crear las nuevas bases de un partido político, sino que son para que el conjunto de la población más joven de todo un país adquiera las herramientas necesarias básicas para seguir formándose y preparándose con el fin de convertirse, el día de mañana, no en un voto seguro, sino en un ser humano pensante, libre y autónomo, que podrá tomar no solo la decisión de a qué partido votar, sino qué destino quiere para sí y como parte de un conjunto de sociedades intercontectadas en un mundo al borde del colapso ecológico. Como ha destacado la prensa en este conflicto, las críticas van desde que los libros se oponen al capitalismo y los empresarios (discurso simplista que se pronuncia de forma recurrente y cansina desde los púlpitos del gobierno lopezobradorista); que intentan inocular el comunismo en las jóvenes mentes de los estudiantes (discurso absurdo y trasnochado del neoconservadurismo mexicano), o que presentan una visión sesgada de la historia de México (discurso de académicos e intelectuales alarmados por la falta de rigor ante hechos que deben analizarse con amplitud de miras). Los sectores más conservadores han dirigido sus críticas a la representación de las nuevas familias que aparecen en los contenidos, como las parejas homoparentales con hijos o padres solteros, algo que tampoco es de recibo al tratar de comprender entornos familiares nuevos que debe abordarse sin miedo ni recato, pero sin llegar desde luego a los extremos que en algunos textos se inclinan por la corrección política del lenguaje inclusivo, con el uso de «x» o «todes» para no descartar en los mensajes a personas que no se sienten suficientemente tomadas en cuenta por su condición de género, algo sobre lo que, no obstante, sí debería hablarse en las aulas generando un ambiente de tolerancia y libertad en cuanto a las elecciones que tienen que ver con la asunción de la identidad personal relativa al sexo y los géneros. En fin, que la cuestión ha estado en un territorio de polémicas, dimes y diretes, que han llevado a algunas organizaciones civiles a interponer recursos judiciales contra los libros de texto y al menos siete gobiernos estatales han afirmado que esperarán a que se resuelvan estos litigios, llegando incluso a que una jueza determinara que el Gobierno debía suspender la producción del material educativo para someterlo a una revisión, cosa ante la que las cabezas visibles de este entuerto, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, y su achichincle, el director general de Materiales Educativos, Marx Arriaga, han hecho oídos sordos con la bendición del presidente López Obrador, quien ha dicho que pase lo que pase, es decir, por sus pistolas y haciendo caso omiso a dictámenes judiciales que le advierten de que no debe hacerlo, distribuirá los ya editados libros de texto, que se produjeron como parte de la estrategia del Gobierno de reformar unos planes de estudio que según las autoridades responsables se centraban en una estrategia “aburrida” basada en la memorización de contenidos que en la mayoría de los casos los estudiantes no entendían, una realidad que, en su opinión, debían cambiar, aunque para ello no hayan tenido en cuenta a medio país y parezca que quieren convertir a México en un solo partido político, una masa ideológicamente uniforme sin otra lectura que la Cartilla moral y las ediciones descuajeringadas de estos libros de texto.